Daniel Parcero señala en su libro Los Trabajadores de Prensa. Ladrilleros del periodismo (1) que la SIP es una creación de la CIA y el Pentágono. Explica que “Jules Dubois, coronel de inteligencia norteamericano al servicio de la CIA, bajo la pantalla de corresponsal del Chicago Tribune en Latinoamérica, junto a su par Joshua Powers y el funcionario del Departamento de Estado, Tom Wallace, fueron los encargados hace más de cinco décadas de dar vida a la SIP. Se trata de una verdadera corporación patronal de medios comerciales de la región, que bajo la falsa argumentación de defensa de la libertad de prensa practica los exceso de la libertad de empresa, conspirando contra los gobiernos populares y democráticos del hemisferio”.
En su propio sitio web, la SIP se presenta como heredera del Primer Congreso Panamericano de Periodistas (Washington, 1926), pero explica que en la década del cincuenta se conforma con socios que son “publicaciones o cadenas de periódicos”, esto es, una asociación empresaria que -como tal- defiende los intereses empresarios de sus integrantes y la cuestión de la “libertad de expresión” es un hecho secundario que puede servir como excusa para sus presentaciones públicas.
En su próxima reunión de Medio Año, del 6 al 9 de abril, en San Diego, Estados Unidos, tiene en su temario abordar, entre otras cuestiones, “las legislaciones restrictivas contra la prensa de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua”. Es decir, en el caso puntual de Argentina, califica a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia como “legislación restrictiva contra la prensa”, con lo cual deja bien al descubierto que su interés no es defender la libertad de expresión o el derecho a la información, sino los intereses económicos corporativos de las patronales de los medios de comunicación.
En su libro, Parcero cuenta cómo en 1951, durante la reunión de la SIP en Montevideo, se realizó un intento por condenar al gobierno democrático del presidente Juan Domingo Perón, que llevó a que los integrantes de la delegación argentina (en ese tiempo, todos periodistas, aunque no todos habían sido reconocidos como representantes válidos por la SIP) se retiraran de las deliberaciones y realizaron una comunicación en el recinto, desde la barra, explicando que se habían “violado los principios democráticos y estatutarios de admisión, por la manifiesta orientación política del encuentro... por el propósito evidente de querer violar en actos y palabras, los principios de justicia social, independencia económica y soberanía política expresados en nuestra Constitución Nacional, que hemos jurado cumplir y respetar”.
La delegación argentina estaba integrada por periodistas de medios simpatizantes con el gobierno, pero también de diarios insospechados de oficialistas como Los Andes, de Mendoza; El Día, de La Plata; La Capital, de Mar del Plata; y el mismísimo Clarín, de Buenos Aires. En esos momentos en que las delegaciones estaban integradas por trabajadores de prensa y no por cuadros empresarios, se denunció la burda maniobra empresarial en marcha no sólo en la reunión de la SIP sino en el Libro Azul y Blanco de la Prensa Argentina (2).
En la década siguiente, la SIP llegó a la Argentina para condecorar al dictador responsable de la Revolución Libertadora, Pedro Eugenio Aramburu, ante lo cual las 62 Organizaciones Peronistas emitieron un comunicado en el que afirmaban:
“Que el otorgamiento de la medalla 'Premio de las Américas' al general Aramburu, constituye una afrenta a los trabajadores y una burla sangrienta a las madres, esposas, hermanas, novias e hijos de los que fueron masacrados por sus órdenes.
Que, el criminal a quien la SIP se 'honra en distinguir como a uno de los más meritorios hombres del continente', dilapidó el patrimonio nacional, entronizó la traición, alentó el odio de clases, propugnó la entrega del país, gobernó con decretos, encarceló a más de 76.000 ciudadanos y estableció como normas la persecución, la delación, el pillaje, la traición, el crimen y la infamia.
Que el agraciado con el 'Premio de las Américas', fiscalizó la prensa, secuestró diarios y revistas adversas a la dictadura y expropió cientos de publicaciones, cediendo diarios y empresas a personeros del gobierno 'de facto', obligando a los valientes periodistas de la resistencia a imprimirlos clandestinamente.
Que este campeón de la democracia, premiado por la SIP, secuestró, poniendo a disposición del llamado Poder Ejecutivo, sin hacerles proceso a cientos de periodistas, sometiéndolos a torturas morales y físicas”.
Allí también repasa las publicaciones clausuradas por el condecorado por la SIP: De Frente, El Líder, La Época, El Laborista, Mercedes, El Tribuno, El 45 y Esto Es; así como medios que fueron perseguidos y tuvieron ediciones secuestradas como Mayoría, Palabra Argentina, Así, Pero..., Soberanía, Norte, entre tantas otras publicaciones.
Es interesante repasar el comunicado de la organización obrera, porque también menciona el detalle de algunos de esos periodistas encarcelados y torturados por la persona que la SIP distinguió como “hombre meritorio del continente”: Nora Lago de La Capital, Rosario; Luis Güemes, director de El Líder; José Gobello de Democracia; Pablo Ramella, director de El Pueblo; Leopoldo Arcari, director de El Soberano; Ángel Siri, director de Mercedes; Alejandro Olmos, director de Palabra Argentina; Alberto Campos, director de Norte; José Marinero, de La Gaceta Riojana; Juan Marocco y Tomás Menna, de Tribuno, Salta; Tullio Giacobella, director de Mayoría; Damonte Taborda, director de Resistencia Popular, entre muchos otros.
Esto muestra a las claras que el interés final de la SIP no es defender la libertad de expresión, sino a aquellas empresas mediáticas que lucran con la implementación de políticas antipopulares y usan sus páginas, ondas y pantallas para atacar sin ningún descaro a los gobiernos populares legítimamente respaldados con el voto de los ciudadanos.
Nada dijo la SIP cuando los fondos de los Estados Unidos llegaban a Chile para financiar desde las páginas de El Mercurio la campaña sistemática contra Salvador Allende desde el inicio del proceso electoral que lo llevaría a la presidencia de Chile. Escribir lo dictado por una nación extranjera contra los designios de la mayoría no es atentar contra la libertad de expresión, en términos de la SIP.
La SIP no considera que la producción monopólica de papel para diarios por parte de Papel Prensa constituya un atentado contra la libertad de expresión, como sí lo han señalado organizaciones internacionales de diverso tipo. Todo lo contrario. Ha calificado a las acciones que el Estado argentino lleva adelante para democratizar y transparentar el proceso de producción, comercialización y distribución de tan vital insumo, como una “campaña de acoso administrativo y otros hostigamientos contra Papel Prensa y sus accionistas”.
En su informe de la 65°Asamblea General, en Mérida, México, la SIP habla de “el impedimento oficial a Fibertel para operar en servicios de Internet, bajo la esfera de Cablevisión”, sin hacer mención alguna a la negativa -pese a resoluciones judiciales en contrario- del grupo Clarín a incorporar señales televisivas como Paka Paka, CN23 o Telesur, lo que sí constituye claramente un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
Nada dice la SIP en sus informes sobre la impunidad de la que gozan los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas, como tampoco dijo nada cuando alrededor de un centenar de trabajadores de prensa fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, durante la última dictadura militar.
La SIP actúa en el plano internacional en línea con lo que plantea ADEPA nacionalmente, de la mano del comando de Clarín y La Nación.
Recordamos un comunicado emitido por la FATPREN, el pasado 19 de octubre de 2010:
La Asociación de Entidades Periodistícas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que señaló su preocupación ante lo que calificó como "reiterados agravios a periodistas y medios por parte de funcionarios nacionales". Agrega que esos "agravios" tienen como destinatarios a las empresas periodísticas que "mantienen con firmeza su independencia editorial" y se preocupa porque "se trasladen como manifestaciones de prepotencia inaceptable sobre la persona de los periodistas que cumplen con su trabajo" a quienes la entidad les hace llegar toda su solidaridad.
ADEPA , como en tantos otros casos, apela a declaraciones rimbombantes, llenas de loas a la libertad de expresión, en las que no hace más que mostrar su rol activo como grupo de presión -al servicio de sus socios con mayor poder- y dejando al descubierto una moral laxa para analizar la realidad en función de defender sus intereses económicos.
ADEPA critica la opinión que el ministro Amado Boudou vertió sobre dos periodistas en su reciente gira por Estados Unidos y que fueran multiplicadas al infinito por sus socios más poderosos. Expresiones en la que el ministro realizó una poco afortunada comparación, por la cual solicitó disculpas ante los directivos de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Cuando el 29 de abril de este año, el presidente de la DAIA, Aldo Donzis, denunció que la portada del N° 1.739 de la revista Noticias "banalizaba la Shoá" y expresó su “preocupación por la utilización de imágenes vinculadas al nazismo para describir situaciones que hacen a la vida política nacional”, ADEPA y esos mismos diarios no tuvieron una reacción equivalente.
ADEPA muestra ahora su preocupación por los "periodistas que cumplen con su trabajo", pero no parece preocupada porque en esos mismos diarios no se respete la libertad sindical, se persigan o anulen las comisiones internas gremiales y se incumplan los convenios colectivos de trabajo. Si ADEPA quiere garantizar el trabajo de los periodistas, además, debería apoyar la aprobación en el Congreso de la Nación de la legislación que establece la "cláusula de conciencia", para asegurarles una verdadera independencia de los intereses políticos y económicos de sus patrones y permitirles informar e investigar con verdadera libertad y sin condicionamientos.
ADEPA también se declara preocupada por los mensajes irónicos que multiplican a través de las redes sociales la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández y el canciller, Héctor Timerman. Cuanto menos, extrañas son estas entidades periodísticas que se preocupan ante la utilización de una de las herramientas más preciadas que el periodismo tiene desde que comenzó a existir: la ironía.
ADEPA se da un espacio en su comunicado para realizar un aporte académico, al indicar que "el lenguaje es la principal herramienta de articulación social" y que "el diálogo es la base de la democracia". El lenguaje y el diálogo es inherente al ser humano, y es independiente de la forma de gobierno que rige a una sociedad. Los integrantes de la última dictadura militar dialogaban entre sí y dialogaban -con esos asesinos condenados por la justicia de la democracia- más de un propietario de los diarios que integran ADEPA, a los que se veía muy sonrientes junto a ellos y poco preocupados por la "libertad de expresión". La base de la democracia es el voto y la participación popular. Democrática es la multiplicación de voces y no el diálogo de unos pocos. Y que los gobernantes puedan comunicarse con su gobernados, gracias a la irrupción de nuevas tecnologías, sin estar mediatizados por quienes tienen intereses contrarios a los intereses populareses, es más democracia.
ADEPA dice defender la "libertad de expresión", y al mismo tiempo se opone a los proyectos de ley que buscan terminar con el monopolio de Papel Prensa, mirando para otro lado cuando el Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, declara hoy en nuestro país que "es incongruente que un medio sea el dueño de la única fábrica de papel para diarios del país".
En el último Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), realizado en Cádiz, España, en mayo de 2010, al declarse la "crisis del periodismo" a nivel global, se advirtió que "las direcciones de los medios, más preocupadas en rentabilizar ingresos, están amoldando a los trabajadores de prensa a intereses que nada tienen que ver con la calidad del producto que se le ofrece a la opinión pública", y "que es necesario que la sociedad sepa que prácticas empresariales de dudosa ética hurtan el derecho social a una información veraz, que el temor de los medios de comunicación a perder sus ingresos por publicidad institucional, así como una ya crónica precariedad laboral, ponen en peligro el ejercicio y la calidad del periodismo".
El Congreso de la FIP termina solicitando a los Estados que adopten "las medidas que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio del periodismo, mediante las medidas legales necesarias que aseguren unas condiciones laborales dignas para todos los que ejerzan la profesión de periodistas estén amparados, de una u otra forma, por los convenios colectivos y la negociación con las organizaciones y sindicatos representativos del sector".
ADEPA debería explicitar que lleva adelante una lucha no por la "libertad de expresión" sino en defensa de sus intereses corporativos, y en lugar de mostrarse como aparente defensora de los periodistas, dejar que sean las entidades sindicales de prensa las que velen por los intereses de los trabajadores, permitiéndoles desarrollar su acción gremial en plena libertad, y cumpliendo con toda la legislación laboral y previsional vigente en la materia.
Esos son los que se dicen defensores de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información. Cada vez que alzan sus voces en defensa de esos derechos, es porque los están cercenando, como lo han mostrado en el reciente conflicto entre AGR y sus empleados, cuando se pararon al lado de quienes acallan las voces de los trabajadores. Allí no existe la libertad de expresión. Sueñan todavía con las épocas en que algunos eran más “libres” que otros. Y en las que el silencio de los cementerios se cernía sobre el país, aunque el diario de los domingos estuviera sobre la mesa del desayuno.
(1) Buenos Aires, Corregidor, 2010. Págs. 151 y ss.
(2) Buenos Aires, AHPBA-FATPREN, 1951.
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